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Foto: Periodico el Pais |
Tras el cierre en 2008 del antiguo
basurero de Navarro, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-291 de 2009
que ordenaba a la administración
municipal de Cali vincular al gremio de los recicladores a la economía formal
del aseo de la ciudad, y además, garantizar sus derechos constitucionales de
salud, vivienda digna y acceso a la educación. Para darle cumplimiento a estas
disposiciones, lo más acertado fue la formulación de una política pública de
inclusión, que tuviera componentes sociales, como el mejoramiento de sus
condiciones de vida; técnicos, como la capacitación y la formación en ciertas
competencias organizacionales y económicas que les garantizará su vinculación a las nuevas empresas
encargadas del manejo de los residuos sólidos. Entidades como el DAGMA, la CVC
y EMSIRVA (en proceso de liquidación) han sido las responsables de la adecuada
ejecución de la política pública bajo las directrices de la administración
municipal.
Ya han transcurrido 7 años y pocos
avances se han evidenciado al respecto. El 13 de abril, en una plenaria del
Concejo de Cali se le hizo el respectivo control político a este tema;
evidenciándose el incumplimiento a la sentencia. Según los concejales que realizaron
el control político, el mayor problema ha sido de tipo presupuestal pues no se
han destinado los suficientes recursos para cubrir las demandas de la política
Algunos recicladores han recibido capacitación en ciertas actividades para el
manejo de residuos sólidos y otros han sido beneficiados con viviendas a muy
bajo precio; sin embargo, su vinculación laboral es realmente escasa y no
tienen modos de subsistencia para vivir dignamente.
Esto queda como un tema dentro de
la agenda para el próximo gobierno local que deberá incluir la política pública
dentro del plan de desarrollo y destinar el presupuesto suficiente para su
adecuada ejecución.