martes, 12 de mayo de 2015

¿UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA LOS RECICLADORES DE CALI?

Foto: Periodico el Pais
Tras el cierre en 2008 del antiguo basurero de Navarro, la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-291 de 2009 que  ordenaba a la administración municipal de Cali vincular al gremio de los recicladores a la economía formal del aseo de la ciudad, y además, garantizar sus derechos constitucionales de salud, vivienda digna y acceso a la educación. Para darle cumplimiento a estas disposiciones, lo más acertado fue la formulación de una política pública de inclusión, que tuviera componentes sociales, como el mejoramiento de sus condiciones de vida; técnicos, como la capacitación y la formación en ciertas competencias organizacionales y económicas que les garantizará  su vinculación a las nuevas empresas encargadas del manejo de los residuos sólidos. Entidades como el DAGMA, la CVC y EMSIRVA (en proceso de liquidación) han sido las responsables de la adecuada ejecución de la política pública bajo las directrices de la administración municipal.


Ya han transcurrido 7 años y pocos avances se han evidenciado al respecto. El 13 de abril, en una plenaria del Concejo de Cali se le hizo el respectivo control político a este tema; evidenciándose el incumplimiento a la sentencia. Según los concejales que realizaron el control político, el mayor problema ha sido de tipo presupuestal pues no se han destinado los suficientes recursos para cubrir las demandas de la política Algunos recicladores han recibido capacitación en ciertas actividades para el manejo de residuos sólidos y otros han sido beneficiados con viviendas a muy bajo precio; sin embargo, su vinculación laboral es realmente escasa y no tienen modos de subsistencia para vivir dignamente.
Esto queda como un tema dentro de la agenda para el próximo gobierno local que deberá incluir la política pública dentro del plan de desarrollo y destinar el presupuesto suficiente para su adecuada ejecución.