Rosalía Correa Young.
Coordinadora – Observatorio Cali Visible
El Contralor Departamental, Carlos Hernán Rodríguez, ha denunciado las condiciones de las finanzas departamentales para cumplir con el Plan de Desarrollo 2008 – 2011 y las vigencias futuras aprobadas por la Asamblea.
De acuerdo con su informe, tres aspectos demandan atención y control ciudadano. En primer lugar, las fallas organizacionales, Falta planificación y gestión; faltan procesos y procedimientos en la Secretaría de Hacienda que perjudican otras dependencias, en particular, la Secretaría de Planeación que debe ser la conductora y el motor del desarrollo.
En segundo lugar, el déficit presupuestal, que para la vigencia 2008 fue de 48 mil millones, ha crecido como consecuencia de esas debilidades organizacionales* Hay que planificar y administrar los ingresos que en el Departamento devienen del consumo: compra de vehículos, movimiento de la propiedad raíz, consumo de licores, cervezas, cigarrillos, carne vacuna; y estos varían según las condiciones económicas de la demanda: pueden caer como incrementarse y no estamos en época de “vacas gordas”. También hay que planificar los gastos de funcionamiento. Si bien no hubo datos al respecto, el pasivo pensional no se ha manejado racionalmente. Ha habido y hay demandas que exigen reajustes pensionales y el departamento ha incurrido en intereses moratorios bastante onerosos: En el 2008 canceló 2.057 millones y en 2009, 2.620*. Téngase en cuenta que el art 3o de la ley 617/2000 ordena financiar los gastos de funcionamiento, que incluyen la provisión del pasivo prestacional y pensional con los ingresos corrientes de libre destinación.
Un tercer aspecto son los excesos en publicidad: 1.363 millones para 2008 y 11.699 para 2009. Estos gastos que deben “computarse como gastos de funcionamiento” ponen en peligro el cumplimiento de la ley, que ordena no exceder, los gastos de funcionamiento, del 50% de los ingresos corrientes de libre destinación. Pero más allá de ello este gasto puede incidir como “mordaza” para que los medios de comunicación regionales, principales beneficiarios de los gastos en publicidad, no denuncien abiertamente el peligro para el futuro del departamento y la ciudadanía, cuente con pocos referentes para evaluar esta gestión.
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